RÍO DE JANEIRO — El domingo pasado Brasil dio un gran paso hacia la destitución de la Presidenta Dilma Rousseff cuando la Cámara Baja del Congreso votó para enviar su caso al senado, institución que seguramente la llevará a juicio.
Parece probable que la mandataria sea removida de su cargo y Michel Temer, su vicepresidente, la remplace. Quienes respaldan a Rousseff están furiosos, sus oponentes brincan de alegría y los políticos corruptos de Brasil suspiran con alivio.
El domingo, en una sesión que duró varias horas y fue televisada, los miembros del Congreso explicaron por qué votaban por la destitución: votaron “por la paz en Jerusalén”, “por los transportistas”, “por los masones de Brasil” y “por el comunismo que amenaza este país”. Muy pocos basaron sus votos en los cargos que se le han imputado a la presidenta, como haber violado las regulaciones en torno a las finanzas públicas.
Del lado de la oposición afirman que quieren enviar un mensaje sobre el buen gobierno. Pero la verdadera razón es que el sistema político brasileño está en ruinas. La destitución brindará una distracción conveniente mientras otros políticos intentan limpiar sus propias oficinas.
Una enorme investigación sobre corrupción, conocida como la Operación “Lava Jato”, ha explotado en las bases del sistema político. Cuando comenzó el escándalo, en 2014, los investigadores acusaron a miembros del Partido de los Trabajadores, el movimiento del que Rousseff forma parte, de utilizar Petrobras, la petrolera estatal, para intercambiar sobornos por favores políticos.
Ahora la investigación se ha extendido a personajes de todo el espectro político del país, incluyendo a cerca de 50 dirigentes y un puñado de líderes empresariales.
A diferencia de muchos políticos brasileños, Rousseff no es acusada de recibir sobornos ni efectivo a cambio de favores. Pero es una presidenta débil e impopular. La economía se ha estancado, en gran parte a causa de la caída mundial de los precios del petróleo y la mala gestión económica de su primer periodo. Se ha visto obligada a recortar el gasto e implementar dolorosas medidas de austeridad. En suma, es un blanco fácil para la ira pública.
Hundir a Rousseff —incluso por cargos que no están relacionados con la investigación inicial sobre corrupción— sería un buen final para la Operación “Lava Jato”: una catarsis de proporciones épicas. También sacaría del escrutinio público a los políticos corruptos de derecha, que son mayoría en el congreso.
El instigador de esta estrategia es Eduardo Cunha, quien dirige la Cámara Baja de Brasil y ha liderado el proceso de destitución. Sin embargo, él mismo es investigado por cargos de corrupción que incluyen lavado de dinero y sobornos.
Hasta ahora, su estrategia de enturbiar las aguas ha funcionado a la perfección: las maniobras para la destitución continúan y han distraído la atención pública de los problemas legales de Cunha.
No obstante, los miembros del grupo encargado de la Operación “Lava Jato” están preocupados. En una entrevista con BBC Brasil, Deltan Dallagnol, el principal fiscal de la investigación, dijo que temía una ofensiva política posdestitución contra las averiguaciones. Comentó que un cambio de gobierno podría darle poder a los congresistas que también están bajo investigación y podrían “prepararse para ir en contra de la operación” cuando la exposición mediática disminuya y se pierda el interés público.
Muchos analistas también temen que un gobierno dirigido por Temer, el vicepresidente, alcance un acuerdo con otros partidos para desarmar la investigación. Esto podría lograrse si se aprueban leyes que hagan más difíciles las iniciativas anticorrupción o si se remplaza a las personas a cargo de la Policía Federal.
Muchos de los que votaron por destituir a Rousseff también esperan que los jueces sean más indulgentes cuando no sean objeto de la presión pública ni de la cobertura de los medios.
Los simpatizantes de Rousseff aseguran que su inminente destitución es parte de un golpe de Estado. Se está siguiendo un procedimiento legal y parece que ella quebrantó la ley. Pero eso no significa que sea lo correcto.
La crisis desatada por los escándalos de la Operación “Lava Jato” pudo ser parte de un proceso extraordinario que estableciera un poder judicial funcional que combata la corrupción en Brasil. Pero la caída de Rousseff no es la conclusión lógica de esa historia.
Lejos de ser el comienzo de una nueva era, bien podría ser la forma en que la vieja clase política retome el control del país… y evite la cárcel.
Celso Rocha de Barros
Columnista político del diario brasileño Folha de São Paulo.
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